La puesta en marcha de las nuevas reglamentaciones ha mejorado el monitoreo de los accidentes laborales en el país. No obstante, las cifras aún son alarmantes y representan grandes desafíos para las compañías que prestan este servicio.
Aunque los últimos dos años han sido fundamentales para que Colombia muestre avances significativos en el campo de la seguridad industrial, mediante la implementación de nuevas políticas que favorecen la integridad de los empleados, el índice de accidentalidad laboral no deja de ser preocupante.
Los datos más recientes, publicados por el Fondo de Riesgos Laborales, muestran que mientras en 2015 unas 563 personas perdieron la vida tras sufrir algún tipo de incidente en su trabajo, en 2016 se registraron 602 casos.
Adicional a esto, durante 2016 se reportaron 701.696 accidentes de trabajo en el país, considerados de origen laboral y reconocidos por la ARL. La mayoría de estos episodios se presentaron en Magdalena (10,86%), Cundinamarca (10,15%) y Antioquia (9,07%).
A simple vista podríamos pensar que no estamos haciendo las cosas del todo bien. No obstante, las anteriores cifras no necesariamente indican que el número de accidentes de los trabajadores haya aumentado, sino que ahora hay una mayor cantidad de empresas dispuestas a reportar este tipo de incidentes ante las administradoras de riesgos laborales (ARL).
Este es uno de los resultados que se han generado gracias a la puesta en marcha del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 1111 de 2017, que inicialmente no fueron bien vistos por los dueños de las pequeñas empresas, porque implicaban un gasto obligatorio y adicional en seguridad, exigen a los empleadores un control anual de las operaciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo.
Si bien anteriormente estos programas de seguridad industrial eran percibidos por las organizaciones empresariales como un aspecto voluntario, la creación de estas normas representó un cambio significativo en el país, pues según explica Luis Miguel Rojas, CEO de la empresa de seguridad Safe Mode, ahora las empresas deben ejercer un monitoreo sobre sus proveedores y contratistas, con el fin de exigirles que implementen el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o, de lo contrario, podrían enfrentarse a multas económicas de hasta 500 SMLV.
De esta manera se da cumplimiento a la normatividad vigente, así como a las políticas internacionales de calidad en estos temas.



