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Por: Manuel Arias
Cerca de dos años de estudios, debates y lobby, de
interesados y detractores, terminaron con la aprobación en el Congreso de la
República de la denominada ‘Ley del Vigilante’, iniciativa que una vez sea
sancionada por el presidente Juan Manuel Santos, beneficiará a al menos 270 mil
hombres y mujeres que dia y noche realizan labores de vigilancia en empresas,
edificios, clínicas, hospitales, bancos y un sinnúmero de entidades, tanto del
sector público como del privado en todo el país.
La nueva norma pone en igualdad de condiciones a los
guardas vinculados a las cooperativas de seguridad, con los empleados por las
empresas de seguridad privada, quienes, a diferencia de los primeros, hoy gozan
de todos los beneficios y prestaciones laborales de ley.
Dentro de las novedades, en beneficio de los guardas de
seguridad, que la nueva ley tiene se destaca un seguro de vida que deberá
adquirir anualmente la empresa para la cual presten sus servicios los vigilantes,
póliza que los cubrirá las 24 horas del día, independientemente del horario de
trabajo, explica el senador Luis Fernando Velasco, ponente de la norma en el
Senado de la República.
Para Ramón Flores, quien durante 15 años se ha desempeñado
como vigilante en diferentes entidades del sector público, tiempo durante el
cual nunca ha tenido inconvenientes para su salud, esta póliza es muy
importante porque a pesar de las medidas de seguridad. “Uno no está exento de
que algo le pueda pasar y hay que dejar a la familia asegurada", indica el
guarda.
Así mismo, tal como lo señala el representante a la Cámara,
José Ignacio Mesa, la norma eleva al vigilante a profesión de alto riesgo, lo
cual de acuerdo con la normatividad que rige este tipo de profesiones conlleva
varios beneficios, como el pago de 10 puntos porcentuales, a cargo del
empleador, en la cotización de pensión y la jubilación a una menor edad
respecto a los demás trabajadores.
De igual manera, la iniciativa genera incentivos a las
empresas de seguridad que contraten personal con algún tipo de discapacidad,
por ejemplo, les entrega un puntaje extra en las licitaciones para contratación
o concursos de méritos con empresas del sector público.
En cuanto al horario de trabajo, la nueva ley del vigilante
establece que, de común acuerdo entre empleador y el trabajador, se podrán
extender las 8 horas diarias de ley a un máximo de 12, sin que se exceda las 60
horas laborales semanales, con los correspondientes pagos ajustados a la ley
sobre horas extras, dominicales y festivos.
Este beneficio, que debería ser obvio a la luz de la
legislación laboral, a juicio de Jorge Rodríguez, vigilante vinculado a una
empresa de seguridad con cubrimiento nacional.
"Es un gran adelanto, porque muchas veces al guarda se
le contrata por un determinado salario sin importar si son 8 o 12 las horas de
trabajo diario y sin tener en cuenta los recargos nocturnos”, sostiene el
trabajador.
Además, explica Rodríguez que el sacrificio para el
vigilante y su familia es grande porque se trabaja domingos y festivos y en
fechas tan importantes como la Navidad o el Año Nuevo.
Otra de las modificaciones introducidas por la nueva ley
tiene que ver con el examen psicofísico que anualmente deben realizarse los
vigilantes, quienes en su gran mayoría, deben portar armas de fuego, para el
desempeño de sus funciones.
Hasta ahora, dicho examen solo es practicado por unas pocas
empresas que monopolizan el sistema y no tienen presencia en todo el país, lo
cual se convierte en un obstáculo para el cumplimiento de este requisito para
el personal que se desempeña en zonas alejadas del territorio nacional.
En adelante, y luego de que el Gobierno Nacional reglamente
un parágrafo de la nueva ley, las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en
todas las regiones del país, previo al cumplimiento de algunos requisitos,
podrán realizar los exámenes psicofísicos a los vigilantes, los cuales deberán
ser solicitados y pagados por las Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL), a la
que estén afiliados los empleados, sin que esto represente costo alguno para
los propios vigilantes, asegura el representante a la Cámara, José Ignacio
Mesa.
Hoy, de acuerdo con el vigilante Flores, dicho examen es
pagado por la empresa de seguridad a la que presta sus servicios el guarda,
pero luego el valor es trasladado, bajo descuentos de nómina al empleado.
Es de anotar, que la nueva norma indica expresamente que
los resultados de los exámenes psicofísicos en ningún momento pueden ser
considerados como causal de despido, por lo que en caso de alguna dificultad
procederá la reubicación del empleado en labores administrativas, de acuerdo a
lo establecido por la normatividad laboral.
A juicio del presidente de la Cámara de Representantes,
Rodrigo Lara, uno de los grandes escollos que debió afrontar el Congreso para
aprobar la ‘Ley del Vigilante’ fue la fuerte presión y lobby que realizaron las
empresas de seguridad privada.
"Muchas de ellas interesadas en que todo continuara
como hasta ahora. Sin embargo, los intereses de los vigilantes y guardas de
seguridad se impusieron y se logró sacar avante la iniciativa”, puntualiza
Lara.
La norma, que fue conciliada en las sesiones ordinarias del
Congreso que terminaron el pasado 20 de junio, está lista para la sanción
presidencial y se espera que en los próximos días se expedida para su
ejecución.
Artículo tomado de Radio Nacional de Colombia
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